Comenzamos este año 2022 diciendo adiós a la anterior Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, después de casi 24 años, tras la reciente entrada en vigor de la nueva Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi (BOPV N.º 262, viernes 31 de diciembre de 2021)
Esta nueva ley, que ya ha entrado en vigor desde el 1 de enero de 2022 (BOPV N.º 5, lunes 10 de enero de 2022 – CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi) tiene por objeto establecer el marco normativo para la protección, conservación y mejora del medio ambiente en la Comunidad Autónoma del País Vasco, determinando los derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas, con el fin de alcanzar los siguientes objetivos:
a) Proteger a sus ciudadanos y ciudadanas frente a las presiones y riesgos medioambientales.
b) Proteger el medio ambiente, prevenir su deterioro y restaurarlo donde haya sido dañado.
c) Gestionar eficientemente los recursos promoviendo una economía sostenible, circular e hipocarbónica.
d) Establecer medidas de reducción de gases de efecto invernadero ambiciosas para cumplir con el Acuerdo de París y otras disposiciones respecto a la lucha contra el cambio climático.
e) Impulsar la corresponsabilidad público-privada en la protección del medio ambiente.
f) Agilizar el funcionamiento de la Administración ambiental mediante la simplificación y unificación de los procedimientos administrativos, regulando las técnicas de intervención sobre las actividades con incidencia ambiental integrando las condiciones y requisitos que en la misma se establecen.
g) Establecer mecanismos eficaces de vigilancia, control e inspección de las actividades incluidas dentro del ámbito de aplicación de esta ley.
h) Establecer mecanismos eficaces para garantizar el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en materia medio ambiental.
i) Impulsar las medidas necesarias para coordinar el ejercicio de competencias por los diferentes órganos y administraciones públicas competentes en la ordenación de las actividades con incidencia en el medio ambiente.
j) Mejorar la base de conocimientos e Información sobre el medio ambiente.
k) Fomentar la educación ambiental en todos los niveles educativos, así como la concienciación ciudadana y del conjunto de actores sociales en relación con la protección y mejora del medio ambiente.
l) Garantizar un desarrollo ambientalmente sostenible, contribuyendo a la consecución de los objetivos para el desarrollo sostenible que se aprueben internacionalmente.
